La primera sala de la Corte Suprema de Justicia de la Nación amparó a 22 indígenas tzotziles (la mayoría cristianos evangélicos) que se encuentran presos desde hace 11 años, debido a la matanza de Acteal, y decretó la libertad inmediata. Acteal está en la zona de los Altos de Chiapas, donde fueron asesinadas el 22 de diciembre de 1997 cuarenta y cinco indígenas, la mayoría mujeres y niños.
Cuatro votos a favor y uno en contra determinaron la decisión legal que los ministros de la Primera Sala fundamentaron, a partir de las serias irregularidades que hubo en el proceso judicial que llevó a 57 de ellos a prisión, con condenas entre los 20 y los 40 años de privación de libertad. El máximo tribunal mexicano concluyó que la Procuraduría General de la República cometió un cúmulo de irregularidades, como la fabricación de pruebas y testigos que violaron los derechos humanos fundamentales de los acusados.
Desde hace más de cinco años los protestantes de México han manifestado que la mayoría de los indígenas tzotziles presos, gran parte de ellos evangélicos, no participaron de dicha matanza. Ahora se confirma que son inocentes y quedará por resolver quiénes son los verdaderos culpables y quienes resarcirán a los encarcelados por estos 11 años en que fueron privados injustamente de su libertad. También queda pendiente la reparación del daño causado a las familias de los 45 muertos, tan indígenas tzotziles como los que aún quedan prisioneros.
Fuera del tribunal el fallo fue recibido con júbilo por los familiares de los acusados y sus abogados, pero también con recelo por los líderes de la comunidad de Las Abejas, a la que pertenecían los tzoltziles asesinados: ellos, naturalmente, siguen esperando justicia.
HISTORIA DE UNA BARBARIE
Cuando ocurrió la matanza, gobernaba en México el presidente Ernesto Zedillo y era su procurador general Jorge Madrazo. En esa ocasión 45 indígenas tzotziles, que realizaban una jornada de oración en una ermita de madera en la comunidad de Acteal, en Chiapas, fueron asesinados vilmente.
Con machetes y balas fueron abatidas 14 niñas, 4 niños, 4 mujeres embarazadas, otras 15 mujeres y 8 hombres. Se acusaba a la comunidad de ser simpatizante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Se cree que algunos de los verdaderos autores de la matanza, atribuida a grupos paramilitares financiados por el Gobierno, fallecieron en libertad.
Varios meses después, la Procuraduría culpó a más de 80 personas como responsables de la masacre. A los reos indígenas se les acusó de homicidio calificado, lesiones calificadas y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
”ABERRACIONES JUDICIALES”
A la barbarie de quienes perpetraron la matanza del grupo que tranquilamente rezaba aquella tarde de hace casi 12 años, siguió la de los cuerpos de "procuración de justicia". Los Gobiernos priistas de entonces, tanto el de Chiapas como el federal, presidido por Ernesto Zedillo, se vieron sacudidos: cayeron el gobernador chiapaneco y el secretario de Gobernación (ministro de Interior). Pero, lejos de comprometerse a resolver el caso conforme a derecho, la autoridad montó una farsa que ayer recibió el tiro de gracia por parte de la Suprema Corte, después de que abogados, académicos y periodistas denunciaran durante años que los procesos hacían agua por todas partes, que se habían inventado culpables, testimonios y móviles.
"No hay peor injusticia que tratar de enmendarla cometiendo otra", afirmó durante el debate de ayer en la Primera Sala de la Corte el magistrado Juan Silva Meza. La votación final fue de cuatro votos contra uno a favor de la liberación inmediata de 20 indígenas. Otros 31 podrían salir cuando se resuelva un trámite legal y a seis más se les repetirá el proceso. El fallo de los magistrados establece que muchas de las pruebas de los procesos se obtuvieron de forma ilegal y que hasta la Procuraduría General de la República (fiscalía) había inventado pruebas.
La lista de aberraciones jurídicas sería motivo de risa si uno perdiera de vista por unos segundos que decenas de familias vieron destruida su tranquilidad los últimos 11 años debido a, por ejemplo, un testigo que la primera vez que fue interrogado declaró formalmente no hablar ni escribir en castellano, para, poco después, ser el autor de una "lista de culpables" que era prolija en detalles sobre su paradero. O cómo la policía elaboró un álbum de fotografías para que sus testigos reconocieran a los que debían señalar como culpables cuando tuvieran que hacerlo dentro de las diligencias. O el juez que agregó delitos al expediente que el fiscal no había incluido. O cuando otro juez basó su resolución en Wikipedia.
El abogado Javier Cruz Angulo, quien desde 2007 lleva la defensa de los encarcelados, detalla una de las aberraciones: "El juez segundo de distrito, Martín Rangel Cervantes, basa la sentencia sobre el peritaje en balística en Wikipedia. Para llevarlo al absurdo, yo podría decir que si hubiera sabido que el juez iba a hacer eso, y como wikipedia es una página que cualquiera puede modificar, habría puesto en la misma que los procesados eran inocentes para que, basado en eso, el juez los absolviera".
LA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA
A más de una década de los hechos, la Corte Suprema acaba de concluir que ese grupo fue acusado y condenado a prisión de manera injusta. Desde la posición de los ministros de esa Sala Penal, ésta constituye una decisión trascendente como vía para asegurar los derechos ciudadanos en el país, si se tiene en cuenta que las violaciones legales encontradas son expresión de los defectos que posee el actual sistema de justicia.
Con tal decisión, también esa instancia judicial pretende establecer criterios que, en un futuro, combatan otras irregularidades a la hora de impartir justicia, vayan en contra de las aberraciones existentes en la actualidad y traten de enmendar las garantías procesuales y el derecho a una defensa justa ante cualquier hecho que atente contra la seguridad de los miembros de la sociedad mexicana.
El caso llegó a al Supremo en agosto del año pasado, cuando aceptó revisar la solicitud de amparo demandada por 57 presos. Durante su discusión de ayer, los magistrados establecieron claramente que no se puede saber si entre los que obtendrán su libertad hay alguno o algunos que sí tengan culpa, porque lo único que determinaron es que, además de violación de las garantías de los procesados, hubo invención de pruebas.
"Se dieron irregularidades en las actuaciones procesales, pruebas indebidamente recabadas, con lo que se afectó el debido proceso, y la obligación de salvaguardar las garantías individuales", argumentó el magistrado José Ramón Cossío al pronunciarse a favor de la liberación.
Cruz Angulo escribió en El Universal: "Acteal es un laberinto de papel, mitos, realidades y posiciones polarizadas. Jueces y ministerios públicos fueron los arquitectos de un laberinto de más de 100 mil hojas. (...) Es una doble tragedia: por un lado tienes una abominable masacre y por el otro tienes más de 50 seres humanos encarcelados sin pruebas. Frente a la brutalidad de esa doble tragedia cobra total sentido la necesidad de que existan leyes, de que se respeten y de que se garantice la existencia del debido proceso".
"Es bueno que la Corte [Suprema] se esté involucrando en estos casos", dijo ayer Cruz Angulo a EL PAÍS. Cabe preguntarse si los 11 magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrán capacidad para resolver todo lo que cientos de jueces y magistrados no han hecho en todo el país para desbaratar casos mal presentados por otros cientos de fiscales que cada día procesan a los mexicanos.
MÁS INFORMACIÓN
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